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Monday, May 10, 2010

La moralidad llega a las aulas

En España, la asignatura Educación para la ciudadanía y los derechos humanos ocupa una indeterminada línea entre la enseñanza de la Constitución y lo que algunas voces críticas consideran un adoctrinamiento hacia la izquierda.

Lauren Sieben & Traductora Esmeralda Vicente


El patio principal del Colegio de Educación Infantil y Primaria Pedro Garfias está lleno de trabajos decorativos: fideos y arroz pegados en platos de papel pintados con los dedos realizados por los alumnos de preescolar; poemas de los alumnos de tercero, uno de ellos titulado “Andalucía es bonita” con letras mayúsculas en forma de arco iris; un mapa de la región pintado con ceras que cuelga en la pared de enfrente, donde cada provincia está identificada con su escudo de armas y una foto de la Giralda en primer plano cubre la mitad de la provincia de Sevilla.

En la segunda planta del colegio, los alumnos de 11 y 12 años están en clase de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, una asignatura que se imparte por mandato del gobierno español y que ha sido añadida al currículum habitual. A esta edad se espera que vayan más allá de poemas adornados con arco iris para desarrollarse como individuos y ciudadanos dentro de la sociedad.

Antonio Murillo Segovia imparte Educación para la ciudadanía en el Pedro Garfias y define su objetivo de forma simple: que cada alumno aprenda a ser una “buena persona”. Antonio comenta que “las matemáticas están bien, aprender un idioma extranjero está bien, el inglés está bien, pero lo importante es que los alumnos sean buenas personas, que sean ciudadanos y ciudadanas”.

El programa que imparte Antonio gira en torno a tres pilares: relaciones interpersonales y sociales, la vida en comunidad y la vida en sociedad. “La ciudadanía” no está limitada al voto, la democracia o la política. Los alumnos estudian las diferencias innatas entre hombres y mujeres, la diversidad cultural y la tolerancia religiosa, entre otros temas.

Un lunes de abril, los alumnos de Antonio responden al titular de prensa de la semana: en Toledo, una chica de 14 años ha sido acusada de matar a su compañera de clase de 13 años. Antonio proyecta en el aula un artículo de periódico, y la discusión se centra en cómo los alumnos pueden resolver conflictos y evitar llegar a esos extremos.

Aunque Antonio define sus principios concisamente, el verdadero objetivo de la asignatura no está claramente definido, según opinan muchos españoles. Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, mejor conocida por su nombre corto: Educación para la ciudadanía, ha estado en el centro de la polémica desde que fue introducida en el currículum escolar en 2007 por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. La asignatura se introdujo en España siguiendo las recomendaciones expresadas en 2002 por el Consejo de Europa. Se instaba así a todos los países miembros a crear una materia sobre ciudadanía democrática, acorde con la principal tarea del Consejo: “promover una sociedad tolerante, libre y justa”.

Los alumnos han de estudiar Ciudadanía en primaria y secundaria, en todos los centros escolares públicos, concertados y privados. Los valores expuestos en el currículum de esta materia han suscitado cierta oposición por parte de los padres, educadores y, sobre todo, de los centros y grupos católicos. El Partido Socialista Obrero Español –actual partido en el poder– creó esta disciplina, y algunos oponentes a la misma ven en ella una flagrante forma de adoctrinamiento socialista en los centros escolares españoles.

Juan Manuel Rodríguez, delegado diocesano para la educación en Sevilla, opina que la mayor preocupación de la Iglesia católica es proteger los derechos de los padres a elegir la educación moral que quieren para sus hijos. “Lo que la Iglesia quiere es que la materia de Educación para la ciudadanía respete los derechos y las creencias de los padres”, explica Juan Manuel. “No que se enseñe a todos los niños la moral cristiana”.

Juan Manuel, que a su vez imparte Religión en un instituto público en Carmona, piensa que una materia que tratase temas de ética general y evitase temas sociales cargados de polémica daría un mejor servicio al conjunto del alumnado. Argumenta que “El problema surge cuando un grupo quiere imponer su moral al resto. Tenemos que respetar a todos y no utilizar la educación como arma de enfrentamiento”.

En el Colegio Público Pedro Garfias, alrededor de la mitad de los estudiantes están matriculados en Religión, que es una materia optativa en todos los centros escolares estatales. Quienes critican Educación para la Ciudadanía no dudan en destacar que cierto contenido de la asignatura contradice las creencias católicas que muchos estudiantes aprenden en el colegio, al tiempo que estudian Ciudadanía.

En el otro extremo de Sevilla, una avalancha de alumnos uniformados con polos azules sale del Colegio Claret a las 17:30 horas. A diferencia de los platos de plástico pintados con los dedos que encontrábamos en el Colegio Pedro Garfias, a la entrada del Claret se exhibe con orgullo un retrato de San Antonio María Claret, misionero apostólico del siglo XIX y fundador de la Congregación de los Claretianos.

Antonio Ruiz Lozano imparte matemáticas en el Claret y sus cuatro hijos van a este colegio católico concertado, considerado uno de los 100 mejores colegios privados españoles en el estudio anual que publica El Mundo. Antes de dar clase en el Claret, Antonio trabajaba de misionero en Paraguay y Portugal con la Congregación de la Sagrada Familia.

Dada su formación católica, la educación pública nunca fue una opción para los hijos de Antonio: “Para un padre con ciertas convicciones religiosas resulta imposible optar por la educación pública, porque no ofrece una educación religiosa. Legalmente, los centros públicos docentes han de ofrecer esta educación. Sin embargo, estos centros no crean un clima respetuoso para con esta opción, y no debería ser así”.

Por ley, los alumnos del Claret han de cursar Educación para la ciudadanía. Sin embargo, la oposición de los padres acompaña inevitablemente a este requisito legal en un colegio semi-privado con una clara orientación católica. “El profesor que está dando clase de Ciudadanía a mis hijos, al que conozco personalmente, no está diciendo algo en contra de lo que yo pienso. No es que piense exactamente igual que yo, pero imparte la materia de acuerdo con el proyecto educativo del colegio”.

Antonio Murillo también apunta que la forma de impartir Ciudadanía varía inmensamente, dependiendo de la interpretación que cada profesor de al material del curso. Antonio Murillo, como Antonio Ruiz, es católico practicante, pero no ve que la asignatura sea contradictoria con la educación religiosa.

Educación para la ciudadanía trata el matrimonio entre personas del mismo sexo, que es legal en España y se opone a la rígida interpretación cristiana del matrimonio como una unión únicamente heterosexual. Antonio Murillo describe los contenidos de la materia: “Yo enseño que la ley en España permite el matrimonio entre hombres, entre mujeres, y entre hombres y mujeres. Si mañana la ley cambia, enseñaré otra cosa, aunque yo, como cristiano, piense que el matrimonio ideal sea entre un hombre y una mujer”.

Cristianos por el Socialismo, un grupo fundado por miembros del PSOE, hizo pública en 2007 una declaración en apoyo a la asignatura Educación para la ciudadanía. El grupo argumenta que la materia no supone una amenaza para el derecho de los padres católicos a ofrecer a sus hijos una educación religiosa. Según este grupo, “Nosotros entendemos que los obispos no puedan negar el derecho al sistema educativo y al estado a desempeñar un papel activo a través de una asignatura ético-cívica, como Educación para la ciudadanía… [la cual] está basada en valores compartidos en nuestra sociedad, buena parte de ellos aportados históricamente y en la actualidad por el propio cristianismo católico”.

A pesar de la insistencia de quienes defienden que la nueva materia no tiene como finalidad moldear los valores de los alumnos, algunos investigadores argumentan lo contrario mediante estudios comparativos entre España y otros países.

Bianca Thoilliez, licenciada en Pedagogía y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, comparó la asignatura Educación para la ciudadanía con otra asignatura que trataba temas estatales en Anchorage, Alaska, en un estudio que realizó en 2008. Thoilliez encontró que, a diferencia de la asignatura impartida en Alaska, que se centra principalmente en la estructura del estado y la historia de la democracia, Educación para la ciudadanía incluye “formación moral y emocional”. Para Thoilliez, los temas tratados en la materia impartida en Anchorage son más relevantes para la ciudadanía que el trasfondo moral presente en el currículum de la asignatura impartida en España.

Thoilliez argumenta que “Lo preocupante desde el punto de vista educativo en la asignatura implantada en España no son tanto las temáticas ‘sensibles’ de las que se ocupa, sino que, para dar cabida a éstas, se estén dejando de tratar o tratando parcialmente las que son realmente importantes para la educación cívica”.

Los no católicos también han manifestado cierta reticencia a esta asignatura. Algunos padres, ya sean religiosos o no, opinan que la materia aporta realmente poco a la educación de sus hijos. El diseñador gráfico Miguel Castillón, educado en la religión católica, envió a sus dos hijos a un centro escolar privado: el Colegio Alemán de Sevilla. Al igual que el Claret, este centro está entre los 100 colegios citados por El Mundo como los mejores centros privados del país. Pero contrariamente al Claret, su misión educativa es secular.

El hijo menor de Miguel le comentó a su padre que la asignatura no es más que una “idiotez”. La propia crítica que Miguel hace de esta materia no está basada en el catolicismo. Él es un ateo convencido y eligió un centro secular con objeto de no orientar a sus hijos hacia una educación religiosa. Comenta que “La asignatura es un intento de enseñar urbanidad, pero la urbanidad se aprende no estudiándola durante un año sino a través de los padres, vecinos, compañeros y la gente en general”.

Por su parte, el filósofo vasco Fernando Savater ha criticado la asignatura desde una perspectiva no católica y liberal en varios editoriales y entrevistas. Savater, sin embargo, sostiene que el que los padres sean los únicos instructores de la moralidad de sus hijos es una proposición “monstruosa”. En 2006, en un editorial de El País, Savater comentaba que “La enseñanza institucional tiene no sólo el derecho sino la clarísima obligación de instruir en valores morales compartidos, no para acogotar el pluralismo moral, sino precisamente para permitir que éste exista en un marco de convivencia”.

Algunos grupos de padres han llevado la asignatura de Educación para la ciudadanía a los tribunales. En enero de 2009, el Tribunal Supremo dictaminó en contra de la petición de los padres que querían la objeción de conciencia de sus hijos respecto a la asignatura. En marzo, la Alliance Defense Fund presentó una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en nombre de más de 300 padres españoles en contra de la asignatura Educación para la Ciudadanía, basándose en lo que la Alliance Defense Fund considera una “educación anti cristiana”.

Aunque la Educación para la Ciudadanía tiene un considerable número de voces críticas en todos los ámbitos del debate, está lejos de lograrse una solución que ponga fin a la polémica. Antonio Murillo, que imparte Ciudadanía a sus alumnos de 11 y 12 años, también reconoce que existe el espacio e incluso la necesidad de introducir cambios en esta materia: “Se puede mejorar la materia, claro. Pero el tema político es como en todos sitios. Si es verdad que lo ha impuesto un partido, el otro no está completamente de acuerdo”.

Sunday, April 25, 2010

Morality goes to school

In Spain, the subject Education for Citizenship and the Human Rights occupies the blurry line between teaching the Constitution and what some critics consider left-wing indoctrination.

By Lauren Sieben

The main corridor of Pedro Garfias in Seville overflows with the decorative staples of an elementary school – artwork from preschoolers: noodles and rice glued to finger-painted paper plates. Poems from the third year students, one titled “Andalucía es bonita” – “Andalusia is Pretty” – written in rainbow block letters. A crayon-colored map of the region hangs on the opposite wall, each province identified by its coat of arms. A photo of the Giralda covers half of Seville.

On the second floor of the school, 11- and 12-year-olds attend an Education for Citizenship and the Human Rights class mandated by the Spanish government alongside their normal courses. At this age they’re expected to move beyond rainbow-embellished poems to develop their individual roles as citizens.

Antonio Murillo Segovia teaches the citizenship course at Pedro Garfias and defines its goal simply: that each student learns to be a “good person.” “Math is good, learning a foreign language is good, English is good,” Murillo says. “But the important thing is that students be good people. That they act as citizens.”

Murillo’s curriculum hinges on three pillars: interpersonal and societal relationships, life in the community and living in society. “Citizenship” isn’t restricted to voting, democracy or politics. Students study the innate differences between men and women, cultural diversity and religious tolerance, among other topics.

One Monday in April, Murillo’s students respond to the week’s top headline from Toledo – a 14-year-old girl accused of murdering her 13-year-old classmate. Murillo projects a newspaper article on a screen in front of the room, and the discussion segues into how students can resolve conflict and avoid such extremes.

Although Murillo defines its principles concisely, the true goal of the course is hazy for many Spaniards. Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, better known for its shortened name, Education for Citizenship, has been at the center of controversy since its introduction in 2007 by president José Luis Rodríguez Zapatero. The class came to Spain following a 2002 recommendation by the Council of Europe that all member countries create a course in democratic citizenship that corresponds with the Council’s primary task of “promoting a free, tolerant and just society,” according to the recommendation.

Students are required to take the course in elementary school and again in high school at all public, state-subsidized and private institutions. The values outlined in the curriculum have stirred opposition from parents, educators and, above all, Catholic schools and church affiliates.

The Spanish Socialist Workers’ Party – the current governing body in Spain – created the course, and some opponents consider it a blatant form of socialist indoctrination in the nation’s schools.

Juan Manuel Rodríguez, the diocesan delegate for education in Seville, says the Catholic Church’s main concern is protecting parents’ rights to form their children’s moral upbringing. “What the church wants is for Education for Citizenship to respect the rights and beliefs of parents,” Rodríguez explains. “Not to teach Christian morality to all students.”

Rodríguez, who also teaches Catholicism at a public high school in Carmona, thinks a more general ethics class that avoids socially controversial topics would better serve the majority of students. “The problem is when one group wants to impose their morality on everyone else,” he argues. “We need to be respectful of everyone and not utilize education as an arm of confrontation.”

Critics are quick to highlight course content that contradicts Catholic beliefs, which many students learn at school alongside the citizenship course. At Pedro Garfias, a public school, about half of the students are enrolled in a Catholic religion class, an optional course in all state-funded schools.

On the opposite end of Seville, students flood the exit of the Claret school at 5:30 p.m. clad in blue polo uniforms. Unlike Pedro Garfias’ finger-painted paper plates, the entranceway boasts a portrait of San Antonio María Claret, a 19th century apostolic missionary and the founder of the school.

Antonio Ruiz Lozano teaches math at Claret and all of his four children attend the state-subsidized Catholic school, considered one of the 100 best private schools in Spain by El Mundo’s yearly review. Before teaching at Claret, Ruiz worked as a missionary in Paraguay and Portugal with the Congregación de la Sagrada Familia.

Given his Catholic foundation, public education was never an option for Ruiz’s children. “For a parent with certain religious convictions it becomes impossible to opt for public education, because it doesn’t offer a religious education,” Ruiz says. “Legally, they have to offer it. But public schools don’t create a respectful climate towards this option. And it shouldn’t be like that.”

By law, Claret students must complete Education for Citizenship. But parental opposition inevitably accompanies this requirement at a semi-private school with a clear Catholic mission. “The instructor teaching the citizenship class to my children is someone I know personally, and I know he isn’t saying anything against what I believe,” Ruiz explains. “He may not think exactly the same as me, but he teaches the course in agreement with the educational project of the school.”

Antonio Murillo also notes that the citizenship course varies immensely based on each instructor’s interpretation of the material. Murillo, like Ruiz, is a practicing Catholic, but doesn’t see the course as contradictory to religious education.

Education for Citizenship addresses same-sex marriage, which is legal in Spain and opposes the rigid Christian interpretation of marriage as a heterosexual union. “I teach that the law in Spain allows marriage between men and men, women and women, men and women,” Murillo describes. “If the law changes tomorrow, I’ll teach something else, even though as a Christian I believe that the ideal marriage is between a man and a woman.”

Christians for Socialism, a group founded by members of the Spanish Socialist Workers’ Party, released a declaration of support for the course in 2007. The group argues that Education for Citizenship doesn’t threaten Catholic parents’ right to create a religious upbringing for their children.

“We understand that bishops can’t deny the right of the educational system and of the state to carry out an active role through an ethical-civic course, like Education for Citizenship,” the group stated. “[The course] is based on our society’s shared values, a good part of which were contributed historically and at present by Catholicism itself.”

Despite insistence from supporters that the course doesn’t aim to mold students’ values, some scholars have argued otherwise through comparative studies between Spain and other countries.

Bianca Thoillez, a graduate in pedagogy and faculty member at the Universidad Complutense in Madrid, compared Education for Citizenship with a government class taught in Anchorage, Alaska, in a 2008 study. Thoillez found that unlike the government class in Alaska, which focuses primarily on the structure of the state and history of democracy, Education for Citizenship includes “moral and emotional formation.” And to Thoillez, the issues addressed in the Anchorage class are more relevant to citizenship than the moral undertone present in Spain’s curriculum.

“The troublesome aspect of the course in Spain isn’t the ‘sensitive’ subjects that it addresses,” Thoillez says. “But that to make space for these subjects, the course neglects topics that are truly important for civic education.”

Non-Catholics have been equally vocal in their dissent to the course. Some parents, regardless of religious conviction – or lack thereof – think the course does little to enrich their children’s education.

Miguel Castillón, a graphic designer in Seville raised with a Catholic upbringing, sent both of his children to the private, non-state-subsidized Colegio Alemán (German School) in Seville. Like Claret, the Colegio Alemán is among El Mundo’s top 100 private schools in the nation. Unlike Claret, its educational mission is secular.

Castillón’s youngest son told his father simply that the course was “nonsense.” Castillón’s own critique of the class isn’t rooted in Catholicism. He is a self-described atheist and chose a secular school for his children to avoid putting his sons through Catholic education. “The course is an attempt to teach etiquette, and you don’t learn etiquette studying throughout the school year,” Castillón says. “You learn it through your parents, your neighbors, your peers, from people in general.”

Basque philosopher Fernando Savater has also criticized the citizenship class from a liberal, non-Catholic standpoint in several editorials and interviews. Savater, however, contends that parents serving as the sole instructors of morality is a “monstrous” proposition.

“Institutional education has not only the right but the obligation to teach shared values and morals,” Savater said in a 2006 editorial for El País. “Not to kill moral pluralism, but precisely to allow a framework for coexistence.”

Parents groups have challenged Education for Citizenship in the Spanish court system, and in January 2009 the Supreme Court voted against allowing parents a petition for conscience objection of their children’s participation. In March, the Alliance Defense Fund filed a lawsuit on behalf of over 300 Spanish parents in the European Court of Human Rights against Education for Citizenship for what the Fund considers “anti-Christian education.”

Although Education for Citizenship has an abundance of critics on all ends of the debate, a conclusive remedy to the controversy is likely far off. Murillo, who teaches citizenship to his 11- and 12-year-old students, also recognizes the space and even the necessity for change within the course. “The course could be better, yes,” he says. “But the politics issue is the same everywhere. If one party imposes the course, the other won’t be in complete agreement.”