Lauren Sieben & Traductora Esmeralda Vicente
En la segunda planta del colegio, los alumnos de 11 y 12 años están en clase de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, una asignatura que se imparte por mandato del gobierno español y que ha sido añadida al currículum habitual. A esta edad se espera que vayan más allá de poemas adornados con arco iris para desarrollarse como individuos y ciudadanos dentro de la sociedad.
Antonio Murillo Segovia imparte Educación para la ciudadanía en el Pedro Garfias y define su objetivo de forma simple: que cada alumno aprenda a ser una “buena persona”. Antonio comenta que “las matemáticas están bien, aprender un idioma extranjero está bien, el inglés está bien, pero lo importante es que los alumnos sean buenas personas, que sean ciudadanos y ciudadanas”.
El programa que imparte Antonio gira en torno a tres pilares: relaciones interpersonales y sociales, la vida en comunidad y la vida en sociedad. “La ciudadanía” no está limitada al voto, la democracia o la política. Los alumnos estudian las diferencias innatas entre hombres y mujeres, la diversidad cultural y la tolerancia religiosa, entre otros temas.
Un lunes de abril, los alumnos de Antonio responden al titular de prensa de la semana: en Toledo, una chica de 14 años ha sido acusada de matar a su compañera de clase de 13 años. Antonio proyecta en el aula un artículo de periódico, y la discusión se centra en cómo los alumnos pueden resolver conflictos y evitar llegar a esos extremos.
Aunque Antonio define sus principios concisamente, el verdadero objetivo de la asignatura no está claramente definido, según opinan muchos españoles. Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, mejor conocida por su nombre corto: Educación para la ciudadanía, ha estado en el centro de la polémica desde que fue introducida en el currículum escolar en 2007 por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. La asignatura se introdujo en España siguiendo las recomendaciones expresadas en 2002 por el Consejo de Europa. Se instaba así a todos los países miembros a crear una materia sobre ciudadanía democrática, acorde con la principal tarea del Consejo: “promover una sociedad tolerante, libre y justa”.
Los alumnos han de estudiar Ciudadanía en primaria y secundaria, en todos los centros escolares públicos, concertados y privados. Los valores expuestos en el currículum de esta materia han suscitado cierta oposición por parte de los padres, educadores y, sobre todo, de los centros y grupos católicos. El Partido Socialista Obrero Español –actual partido en el poder– creó esta disciplina, y algunos oponentes a la misma ven en ella una flagrante forma de adoctrinamiento socialista en los centros escolares españoles.
Juan Manuel Rodríguez, delegado diocesano para la educación en Sevilla, opina que la mayor preocupación de la Iglesia católica es proteger los derechos de los padres a elegir la educación moral que quieren para sus hijos. “Lo que la Iglesia quiere es que la materia de Educación para la ciudadanía respete los derechos y las creencias de los padres”, explica Juan Manuel. “No que se enseñe a todos los niños la moral cristiana”.
Juan Manuel, que a su vez imparte Religión en un instituto público en Carmona, piensa que una materia que tratase temas de ética general y evitase temas sociales cargados de polémica daría un mejor servicio al conjunto del alumnado. Argumenta que “El problema surge cuando un grupo quiere imponer su moral al resto. Tenemos que respetar a todos y no utilizar la educación como arma de enfrentamiento”.
En el Colegio Público Pedro Garfias, alrededor de la mitad de los estudiantes están matriculados en Religión, que es una materia optativa en todos los centros escolares estatales. Quienes critican Educación para la Ciudadanía no dudan en destacar que cierto contenido de la asignatura contradice las creencias católicas que muchos estudiantes aprenden en el colegio, al tiempo que estudian Ciudadanía.
En el otro extremo de Sevilla, una avalancha de alumnos uniformados con polos azules sale del Colegio Claret a las 17:30 horas. A diferencia de los platos de plástico pintados con los dedos que encontrábamos en el Colegio Pedro Garfias, a la entrada del Claret se exhibe con orgullo un retrato de San Antonio María Claret, misionero apostólico del siglo XIX y fundador de la Congregación de los Claretianos.
Antonio Ruiz Lozano imparte matemáticas en el Claret y sus cuatro hijos van a este colegio católico concertado, considerado uno de los 100 mejores colegios privados españoles en el estudio anual que publica El Mundo. Antes de dar clase en el Claret, Antonio trabajaba de misionero en Paraguay y Portugal con la Congregación de la Sagrada Familia.
Dada su formación católica, la educación pública nunca fue una opción para los hijos de Antonio: “Para un padre con ciertas convicciones religiosas resulta imposible optar por la educación pública, porque no ofrece una educación religiosa. Legalmente, los centros públicos docentes han de ofrecer esta educación. Sin embargo, estos centros no crean un clima respetuoso para con esta opción, y no debería ser así”.
Por ley, los alumnos del Claret han de cursar Educación para la ciudadanía. Sin embargo, la oposición de los padres acompaña inevitablemente a este requisito legal en un colegio semi-privado con una clara orientación católica. “El profesor que está dando clase de Ciudadanía a mis hijos, al que conozco personalmente, no está diciendo algo en contra de lo que yo pienso. No es que piense exactamente igual que yo, pero imparte la materia de acuerdo con el proyecto educativo del colegio”.
Antonio Murillo también apunta que la forma de impartir Ciudadanía varía inmensamente, dependiendo de la interpretación que cada profesor de al material del curso. Antonio Murillo, como Antonio Ruiz, es católico practicante, pero no ve que la asignatura sea contradictoria con la educación religiosa.
Educación para la ciudadanía trata el matrimonio entre personas del mismo sexo, que es legal en España y se opone a la rígida interpretación cristiana del matrimonio como una unión únicamente heterosexual. Antonio Murillo describe los contenidos de la materia: “Yo enseño que la ley en España permite el matrimonio entre hombres, entre mujeres, y entre hombres y mujeres. Si mañana la ley cambia, enseñaré otra cosa, aunque yo, como cristiano, piense que el matrimonio ideal sea entre un hombre y una mujer”.
Cristianos por el Socialismo, un grupo fundado por miembros del PSOE, hizo pública en 2007 una declaración en apoyo a la asignatura Educación para la ciudadanía. El grupo argumenta que la materia no supone una amenaza para el derecho de los padres católicos a ofrecer a sus hijos una educación religiosa. Según este grupo, “Nosotros entendemos que los obispos no puedan negar el derecho al sistema educativo y al estado a desempeñar un papel activo a través de una asignatura ético-cívica, como Educación para la ciudadanía… [la cual] está basada en valores compartidos en nuestra sociedad, buena parte de ellos aportados históricamente y en la actualidad por el propio cristianismo católico”.
A pesar de la insistencia de quienes defienden que la nueva materia no tiene como finalidad moldear los valores de los alumnos, algunos investigadores argumentan lo contrario mediante estudios comparativos entre España y otros países.
Bianca Thoilliez, licenciada en Pedagogía y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, comparó la asignatura Educación para la ciudadanía con otra asignatura que trataba temas estatales en Anchorage, Alaska, en un estudio que realizó en 2008. Thoilliez encontró que, a diferencia de la asignatura impartida en Alaska, que se centra principalmente en la estructura del estado y la historia de la democracia, Educación para la ciudadanía incluye “formación moral y emocional”. Para Thoilliez, los temas tratados en la materia impartida en Anchorage son más relevantes para la ciudadanía que el trasfondo moral presente en el currículum de la asignatura impartida en España.
Thoilliez argumenta que “Lo preocupante desde el punto de vista educativo en la asignatura implantada en España no son tanto las temáticas ‘sensibles’ de las que se ocupa, sino que, para dar cabida a éstas, se estén dejando de tratar o tratando parcialmente las que son realmente importantes para la educación cívica”.
Los no católicos también han manifestado cierta reticencia a esta asignatura. Algunos padres, ya sean religiosos o no, opinan que la materia aporta realmente poco a la educación de sus hijos. El diseñador gráfico Miguel Castillón, educado en la religión católica, envió a sus dos hijos a un centro escolar privado: el Colegio Alemán de Sevilla. Al igual que el Claret, este centro está entre los 100 colegios citados por El Mundo como los mejores centros privados del país. Pero contrariamente al Claret, su misión educativa es secular.
El hijo menor de Miguel le comentó a su padre que la asignatura no es más que una “idiotez”. La propia crítica que Miguel hace de esta materia no está basada en el catolicismo. Él es un ateo convencido y eligió un centro secular con objeto de no orientar a sus hijos hacia una educación religiosa. Comenta que “La asignatura es un intento de enseñar urbanidad, pero la urbanidad se aprende no estudiándola durante un año sino a través de los padres, vecinos, compañeros y la gente en general”.
Por su parte, el filósofo vasco Fernando Savater ha criticado la asignatura desde una perspectiva no católica y liberal en varios editoriales y entrevistas. Savater, sin embargo, sostiene que el que los padres sean los únicos instructores de la moralidad de sus hijos es una proposición “monstruosa”. En 2006, en un editorial de El País, Savater comentaba que “La enseñanza institucional tiene no sólo el derecho sino la clarísima obligación de instruir en valores morales compartidos, no para acogotar el pluralismo moral, sino precisamente para permitir que éste exista en un marco de convivencia”.
Algunos grupos de padres han llevado la asignatura de Educación para la ciudadanía a los tribunales. En enero de 2009, el Tribunal Supremo dictaminó en contra de la petición de los padres que querían la objeción de conciencia de sus hijos respecto a la asignatura. En marzo, la Alliance Defense Fund presentó una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en nombre de más de 300 padres españoles en contra de la asignatura Educación para la Ciudadanía, basándose en lo que la Alliance Defense Fund considera una “educación anti cristiana”.
Aunque la Educación para la Ciudadanía tiene un considerable número de voces críticas en todos los ámbitos del debate, está lejos de lograrse una solución que ponga fin a la polémica. Antonio Murillo, que imparte Ciudadanía a sus alumnos de 11 y 12 años, también reconoce que existe el espacio e incluso la necesidad de introducir cambios en esta materia: “Se puede mejorar la materia, claro. Pero el tema político es como en todos sitios. Si es verdad que lo ha impuesto un partido, el otro no está completamente de acuerdo”.
¡excelente trabajo Lauren!
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